Las novedades del Procedimiento Administrativo Común en la Ley 39/2015

El pasado dos de octubre entró en vigor la Ley 39/2015, tras más de veinte años de vigencia de la anterior Ley 30/1992. La actual norma se ha autodefinido como la ley administrativa de referencia, el cuerpo legislativo único en lo que respecta a la regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con los ciudadanos. Por ello, con el presente trabajo se pretende analizar si las novedades introducidas por la misma han servido para cumplir los objetivos básicos que se propone: acabar con los problemas de dispersión normativa y superposición; clarificar e integrar el contenido de distintas normas y profundizar en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico.

2.1.- Antecedentes normativos
2.2.- Separación «ad extra»/«ad intra»
2.3.- Estructura de la ley

3.1.- Disposiciones generales. Objeto y ámbito subjetivo de aplicación
3.2.- La Administración electrónica o «Procedimiento administrativo electrónico»
3.3.- Los derechos del interesado en el procedimiento administrativo
3.4.- Información y actuaciones previas
3.5.- Medidas provisionales
3.6.- Iniciación del procedimiento
3.6.1.- Iniciación del procedimiento de oficio por la administración
3.6.2.- Iniciación del procedimiento a solicitud del interesado
3.7.- Ordenación del procedimiento. El Expediente Administrativo
3.8.- Instrucción del procedimiento
3.9.- Finalización del procedimiento
3.10.- Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común
3.11. Ejecución
3.12.- Las especialidades del procedimiento administrativo común
3.12.1.- El procedimiento sancionador
3.12.2.- El procedimiento de responsabilidad patrimonial

4.3.- Motivación de los actos
4.4.- Notificaciones